Con el título “Archivos contra la impunidad: Memoria, Justicia, Reparación y Derechos Humanos”, los días 23 y 24 de noviembre, en el Museu Marítim de Barcelona, asistimos a las VIII Jornadas de Archiveros sin Fronteras España. En los dos días se reflexionó sobre la importancia de los archivos en la defensa de los derechos humanos y sobre todo cómo activamente los archivos son una herramienta contra la impunidad.
Entre las presentaciones destacamos la de Trudy Huskamp Peterson, archivera norteamericana y miembro del grupo de trabajo por los Derechos Humanos en el CIA/ICA y que expuso sobre los principios guía para refugios seguros de archivos en riesgo, en relación a contextos políticos como medioambientales. También destacamos la presentación de Montserrat Canela, Archivera del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, que en su exposición sobre la importancia de los expedientes personales para personas refugiadas en un contexto actual de guerras y grandes desplazamientos.
Además este año AsF España cumple 20 años de vida, que se conmemoraron en las jornadas. Así que felicitamos a nuestras compañeras y compañeros por los 20 años de activismo y voluntariado por los archivos.
Los próximos días 23 y 24 de noviembre, en el Museu Marítim de Barcelona, España se desarrollarán las VIII Jornadas de Archiveros sin Fronteras.
Con el título “Archivos contra la impunidad: Memoria, Justicia, Reparación y Derechos Humanos”. Los organizadores señalan que: “estas jornadas quieren reflexionar sobre la importancia de la documentación en relación con la defensa de los derechos humanos, así como la relevancia de las transformaciones tecnológicas que generan información que se convertirá en la nueva evidencia jurídica.”
En el contexto de la Caravana de Migrantes, en donde miles de familias marchan con el anhelo de arrancar de la pobreza y la violencia, publicamos el texto de Valentina Rojas, Presidenta de Archiveros sin Fronteras Chile:
Sin papeles: archivos y migrantes en Chile
En: Rufián RevistaN°27 – Nuestros nombres están allí
Por Valentina Rojas
Archivera.
“Me dicen el clandestino
Por no llevar papel
(…)
Soy una raya en el mar
Fantasma en la ciudad
Mi vida va prohibida
Dice la autoridad”
La información es control, y el control es poder. Es por eso que los documentos son utilizados por los Estados y por todo quien desee conseguir un propósito, dicen Foucault y otrxs pensadorxs. De igual modo, los (mismos) documentos pueden ser “instrumentos de empoderamiento y liberación, salvación y libertad”, señala el archivero holandés Eric Ketelaar. Los archivos son un conjunto de documentos que “nos sirven para ejercer nuestros derechos, hacer justicia y conocer nuestro pasado”, decimos las archiveras sin fronteras.
Más allá de estas definiciones, día a día y casi imperceptiblemente, los documentos son utilizados para realizar trámites que permiten el desenvolvimiento cotidiano de las personas: para trabajar, para postular a una ayuda estatal, para ir al médico, para estudiar, para firmar un contrato de arriendo de una vivienda, y así una larga lista. ¿Qué ocurre cuando no se cuenta con el documento necesario, no por pérdida o por no haber hecho el trámite, sino porque el Estado y sus leyes, a ciertas personas, no se los otorgan? ¿Es que esas personas –las “sin papeles”, las “indocumentadas”– no tienen esos derechos? ¿Qué ocurre cuando el Estado declara la universalidad de dichos derechos, pero el sistema, en la práctica, no es suficientemente eficiente para gestionarlos? ¿Qué cabida tienen las cuestiones archivísticas en este asunto?
Los casos de aquellos miles de personas que, huyendo de guerras en Medio Oriente y África, han dejado sus tierras buscando refugio en países europeos, ofrecen crudos ejemplos a esta reflexión: niños sin nacionalidad, muertos sin nombre, refugiados sin derechos. Sin embargo, no es necesario ir tan lejos. En Chile durante los últimos años ha aumentado visiblemente la población inmigrante desde países que hasta hace poco no eran tan comunes, como Colombia, Ecuador, República Dominicana, Venezuela y Haití, entre otros. Con su llegada, junto con la diversidad cultural que enriquece nuestra sociedad, también han proliferado la discriminación y el abuso. Esa cara más dura de la migración responde a cuestiones sociales, como el racismo, la xenofobia y los abusos por parte de las personas, así como a decisiones políticas del ámbito legislativo e institucional. En ambas dimensiones, que por cierto se entrecruzan y alimentan entre sí, los documentos, como siempre, actúan como elementos conducentes y habilitadores (o inhabilitadores) de acciones, sean estas abusivas y excluyentes, o bien inclusivas y para el ejercicio de derechos.
Un informe del Observatorio Iberoamericano sobre Movilidad Humana, Migraciones y Desarrollo (OBIMID) del año 2016 señala que la gran mayoría de quienes migran a nuestro país entran como turistas, y luego aquí buscan conseguir un contrato de trabajo, con el cual es posible solicitar una visa sujeta a contrato o una por motivos laborales. Sin embargo, migrantes de países como República Dominicana deben presentar una visa consular, o en el caso de los migrantes de Haití, necesitan una carta de invitación para cruzar nuestras fronteras. Estas exigencias muchas veces lxs fuerzan a intentar ingresar por pasos no habilitados y hasta peligrosos (como los campos minados de la zona fronteriza con Perú en la región de Arica). Peor aún, la necesidad de migrar y los requisitos migratorios que cierran las fronteras abren mercado al tráfico de personas que, con engaños, vende el “servicio de entrada al país”. En el caso de la exigencia a lxs ciudadanxs haitianxs, el requerimiento de una carta de invitación ha generado verdaderas redes de tráfico de este tipo de documentos. Ambos casos refuerzan la idea defendida por Eduardo Cardoza, Director Ejecutivo del Movimiento de Acción Migrante (MAM), respecto de que este tipo de barreras no detienen la inmigración –que sería el objetivo inicial de dichas medidas–, sino que solo alimentan el accionar de bandas abusivas y dañan aún más a lxs migrantes, agravando sus condiciones de migración, sumándole otra irregularidad a su situación que, ya por el hecho de haber salido de su tierra, es de vulnerabilidad. Para algunxs, esa vulnerabilidad ha significado incluso la muerte: en noviembre del año pasado, una mujer fue encontrada cerca de la frontera con Bolivia. Maribel Pujols, ciudadana dominicana, posiblemente murió de hipotermia tras ser abandonada por los traficantes a quienes había pagado para que la trajeran a Chile.
Una vez cruzada la frontera y llegadxs a la ciudad –ya sea de forma regular o irregular–, la misión es conseguir un contrato de trabajo para poder regularizar sus papeles. Lograrlo es obviamente difícil para quien aparece ante el Estado como un “sin papeles” (sin documentos que acrediten la identidad, estudios o el ingreso legal al país). Esto abre la puerta a nuevos abusos: conocido es el caso del empresario Francisco Javier Errázuriz, el Fra Fra, quien en 2011 fue formalizado por trata de personas con fines de explotación laboral, tras ser denunciado por ciudadanos paraguayos que trabajaban en condiciones miserables, entre quienes se encontraban menores de edad y personas sin contrato ni documentos. Sin embargo, aún habiendo entrado de manera regular, si el contrato de trabajo no se consigue en el plazo máximo permitido por la legislación, se cae en la misma situación de irregularidad de quienes cruzaron a pie por campos minados.
La necesidad de un contrato de trabajo para permanecer en Chile ha generado también otro tipo de males: a comienzos de septiembre, la prensa chilena destapó el caso de una red que vendió más de seis mil contratos falsos a inmigrantes que buscaban tramitar sus visas. Para ello, no solo los contratos eran falsos, sino también las empresas con las que se suponía que estos se pactaban. Ante esta situación, la institucionalidad actual reacciona, pero de forma ineficiente. Según señala José María del Pino, director de la Fundación FRÉ, organización que promueve la inserción social y el emprendimiento de los migrantes en Chile, “lamentablemente, ante la carencia de institucionalidad y ante la carencia de un software que nos permitiera contrastar esta información en línea, de una, con el SII y la Inspección del Trabajo, ahora cuando llega un migrante y se tiene presunción de que el contrato es falso, lo mandan a la PDI. Así el trámite se atrasa y deben sacar el permiso como en ocho meses más. Esas son cosas que no requieren ley, son cosas que requieren de voluntad administrativa interna”.
Voluntad administrativa, política y una correcta y eficiente gestión documental, se podría agregar.
Pero las ineficiencias del sistema no solo afectan a aquellxs que cuentan con contratos presuntamente falsos, sino de hecho a todxs quienes buscan regularizar su situación en las oficinas del Departamento de Extranjería de la PDI. Según señala Cardoza, “para hacer un trámite de papeles hay que llegar a las once de la noche para que a las ocho de la mañana le den un numerito y poder hacer uno de los trámites”. Peor aún, incluso ocurre a veces que migrantes que han encontrado trabajo pierden su vacante, pues, ante la demora del sistema en entregar la documentación, el empleador no puede mantener vigente el contrato de alguien sin documentos. De este modo, la persona cae en la irregularidad, nuevamente, por una ineficiencia del Estado, no por responsabilidad propia.
Visas, cartas de invitación, contratos de trabajo, permisos de residencia, cédulas de identidad; la lista de documentos es larga. Todos ellos son reflejo de actos administrativos que, a su vez, respaldan políticas y leyes. Es evidente que para mejorar la precaria situación en que se encuentran algunxs migrantes llegados a nuestro país, la clave es la voluntad política capaz de generar cambios legislativos e institucionales. Pero es igualmente claro que, junto con ello, se requieren buenas estrategias de gestión documental que, por un lado, permitan conocer realmente las condiciones de entrada y permanencia de lxs migrantes en Chile y, por otro, faciliten la inserción social de aquellxs que llegan a nuestro país en busca de mejores condiciones de vida.
Esta reflexión vuelve a la idea del poder mismo de los documentos como herramientas de poder y control, pero también como mecanismos para el ejercicio de derechos. Los documentos, dependiendo de cómo se los solicite, gestione, otorgue y utilice, pueden significar cambios sustantivos –para bien o para mal– en el devenir de cientos de migrantes que llegan a nuestro país.
“Empresario los habría tratado como Pollitos”. TheClinic.cl, 15 de septiembre de 2011. [En: http://www.theclinic.cl/2011/09/15/fra-fra-sera-formalizado-por-trata-de-paraguayos/] [Consultado en septiembre 2017].
Carmona, Alejandra y Catalina Barrios. “Migrar para Morir”. El Mostrador, 17 de noviembre de 2017. [En: http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2017/02/16/migrar-para-morir/] [Consultado en septiembre 2017].
Human Rights Working Group. Boletín. [En: https://www.ica.org/en/hrwg-newsletters] [Consultado en septiembre 2017].
Ketelaar, Eric. “Recordkeeping and societal power”. En: McKemmish, et. al. (eds.) Archives: Recordkeeping in Society. Centre for Information Studies, Charles Sturt University, New South Wales, 2005.
Londres38.cl. Infografía acceso a la información. [En: http://www.londres38.cl/1934/w3-article-97117.html] [Consultado en septiembre 2017].
Rojas, Nicolás y Claudia Silva. Informe OBIMID. La Migración en Chile: Breve reporte y caracterización. Observatorio Iberoamericano sobre Movilidad Humana, Migraciones y Desarrollo, 2016. [En: http://www.extranjeria.gob.cl/media/2016/08/informe_julio_agosto_2016.pdf] [Consultado en noviembre 2017].
Sr. Presidente de la República
Sres. Ministerio de Relaciones Exteriores
Sres. Ministerio de Medio Ambiente
Sres. Ministerio Secretaría General de la Presidencia
Sres. Mesa de Gobierno Abierto
Estimadas autoridades:
Las organizaciones firmantes de esta carta, todas pertenecientes a la Red Chilena de Gobierno Abierto, vienen a manifestar sus consideraciones frente a la no ratificación por parte del Gobierno de Chile del Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, también conocido como el “Acuerdo de Escazú“.
El tratado antes mencionado, establece la protección del derecho a vivir en un medioambiente sano, en concordancia con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, conocido también como Agenda 2030 de Naciones Unidas. En el documento, los Estados se comprometen a avanzar progresivamente en la implementación de los derechos de acceso, sin retrocesos y con mecanismos de rendición de cuentas a las partes del acuerdo sobre sus avances.
Para las organizaciones firmantes, existe por tanto una contradicción en las acciones del gobierno, donde por una parte se ha realizado un trabajo en materia de Gobierno Abierto, mientras que por otro lado no se ratifica un acuerdo que va en la misma dirección de la participación y apertura, lo que claramente observamos como una incoherencia.
Creemos que no firmar y ratificar este importante tratado internacional no solo deja en mal pie al país en el concierto regional, sino que también disminuye fuertemente lo alcanzado por años en materia de participación, rendición de cuentas, transparencia, innovación de la política y democracia ambiental, donde las organizaciones de la sociedad civil y mundo académico, han participado activamente para abrir caminos hacia el Estado más abierto hacia la ciudadanía, construyendo confianzas entre los actores sociales y políticos.
Sumarse a este acuerdo y primer tratado ambiental, implica un compromiso profundo para la transformación sostenible de los actuales modelos de producción, distribución y consumo, con miras al resguardo de un futuro ambiental más seguro, justo y próspero para actuales y nuevas generaciones. Esto implica un cambio de enfoque hacia un nuevo modelo de desarrollo y crecimiento centrado en las personas, sus sensibilidades y sus compromisos con el país y planeta.
Llamamos como organizaciones firmantes a reconsiderar esta medida, la cual beneficia sin duda alguna a todo el país y que, además, nos legitima en nuestro trabajo de años en la construcción de un Estado Abierto, para todos los ciudadanos y ciudadanas de Chile.
Firman:
Fundación Ciudadano Inteligente
Fundación Tribu
Fundación Multitudes
Corporación ACHNU
Ciudades 2030 ciudades en movimiento
Archiveros sin Fronteras – Chile
Asociación Inncívica
Asociación GIGAPP Iberoamérica
Fundación Transparencia para mi País
Espacio Público
Chile Transparente, Capítulo Chileno de Transparencia Internacional
Laboratorio de Datos Chile
Observatorio del Gasto Fiscal
Mesa de Seguimiento de la Ley 20.500
Como AsF-Chile solidarizamos con la comunidad de Quintero-Puchuncaví y condenamos la muerte de Alejandro Castro, dirigente del Sindicato S24 de Pescadores y uno de los líderes de las últimas movilizaciones, que han exigido el derecho a vivir en un ambiente libre de los tóxicos, producidos por las industrias que hace años contaminan esa zona.
Esperamos que esta vez, a diferencia de lo ocurrido con el caso de Macarena Valdés en territorio Mapuche, la investigación se lleve a cabo de forma rápida y transparente, y que quede respaldada en documentos confiables, y no sólo auténticos, sino además ciertos en su contenido.
Declaración sobre la situación del Archivo Histórico de la Policía Nacional de Guatemala (AHPN) tras la decisión del Ministerio de Cultura y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD Guatemala), para que sea este último organismo el que gestione las consultorías de apoyo al AHPN
Archiveros sin Fronteras es una organización no gubernamental de archiveros y otras personas que apoyan la defensa y el uso de los archivos como herramientas básicas en las sociedades abiertas y democráticas, muy especialmente en su relación con la defensa de los derechos humanos. En esa condición, Archiveros sin Fronteras-España ha acompañado, desde el descubrimiento de los documentos de la extinta Policía Nacional de Guatemala, en 2005, al proceso de recuperación del Archivo Histórico de ese organismo: primero, participando con un representante en el Consejo Consultivo internacional constituido en su día por la Procuraduría de los Derechos Humanos; segundo, apoyando técnica y económicamente, en la medida de sus modestas posibilidades, las tareas de organización, descripción, conservación y digitalización necesarias para hacer posible la consulta y uso de esos documentos en defensa de las víctimas de violaciones de derechos humanos ligadas al conflicto interno armado en Guatemala. En los últimos 11 años, AsF ha participado con la compra de unidades de instalación para los documentos, deshumidificadores, actualizaciones de la página web, difusión del proyecto, etc.
El balance de estos 13 años de actuación solo puede catalogarse de muy positivo. El mencionado archivo es hoy una realidad que se concreta en un fondo archivístico consultable por las víctimas y por los interesados en general y que, además, goza del reconocimiento de la comunidad archivística internacional, sí bien adolece de un claro anclaje institucional pues la integración en el Archivo General de Centroamérica no fue nunca completa ni real.
Tras la decisión del Ministerio de Cultura y del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo en Guatemala, de que sea este último organismo de Naciones Unidas el que gestione directamente el proyecto y, por tanto, las ayudas internacionales que han hecho posibles todos los avances antes descritos, queremos hacer las siguientes manifestaciones:
1. RECONOCIMIENTO Y AGRADECIMIENTO
En primer lugar, consideramos imprescindible expresar públicamente nuestro profundo reconocimiento y nuestra gratitud a Gustavo Meoño Brenner, coordinador del proyecto de recuperación del Archivo Histórico de la Policía Nacional desde que comenzara a caminar en el seno de la Procuraduría de los Derechos Humanos hasta ahora. Este reconocimiento lo hacemos extensivo al conjunto de profesionales que han hecho realidad el proyecto bajo la coordinación de Gustavo Meoño.
2. INSTITUCIONALIDAD E INTEGRACION
Queremos, igualmente, dejar constancia de nuestra preocupación por esta decisión, por cuanto pueda suponer un paso atrás en la institucionalización del conocido como Archivo Histórico de la Policía Nacional de Guatemala.
Entendemos que la pretendida institucionalización pasa por la integración completa de los documentos de la Policía Nacional entre los fondos que custodia el Archivo General de Centro América. De la declaración pública realizada por el PNUD sobre estos cambios, parece desprenderse, sin embargo, una manifiesta contradicción cuando, por una parte, se indica que se pretende fomentar el proceso de institucionalización del AHPN y, por otra, se aparta a la directora del Archivo General de Centroamérica de cualquier decisión relativa a la gestión de los documentos de la desaparecida Policía Nacional. Archiveros sin Fronteras considera, y así lo hicieron constar sus dos miembros participantes en el Consejo Consultivo Internacional en reiteradas ocasiones y mediante la elaboración de un informe técnico archivístico que AsF entregó al AHPN, qué es el Archivo General de Centroamérica la institución pública guatemalteca llamada a hacerse cargo de la custodia y gestión de los documentos de la Policía Nacional. Esa es, por otra parte, la solución natural de acuerdo con la legislación archivística guatemalteca. Debe, por tanto, ser la persona que asuma la dirección del Archivo General de Centroamérica quien se haga cargo de estos documentos históricos transferidos al AGCA en 2010, de acuerdo con la ley. El AGCA, como Archivo Histórico del Estado guatemalteco, debe garantizar que esos documentos estarán al servicio del pueblo guatemalteco, cómo lo han estado hasta ahora a pesar del déficit institucional apuntado anteriormente. Muy especialmente, deben servir a la reparación de los daños ocasionados a las víctimas de la violencia política o de la represión ejercida por los órganos de la Seguridad del Estado o sus fuerzas de orden público; a la justicia, en los procesos contra los responsables de violaciones de los Derechos humanos y, en general, a la lucha contra la impunidad. Archiveros sin Fronteras aboga por la plena dependencia del conjunto de documentos que constituyen el conocido como archivo histórico de la Policía Nacional de Guatemala del Archivo General de Centroamérica, como cualquiera otro de sus restantes fondos históricos. Ese tratamiento común junto a otros fondos documentales no debe entenderse como una renuncia a considerar el especial valor y la singular importancia de este fondo documental para hacer posibles las políticas públicas de memoria, así como para servir a las instancias de justicia transicional y de lucha contra la impunidad en Guatemala.
3. LEGITIMIDAD
Archiveros sin Fronteras no puede cuestionar la potestad de las autoridades del país para encajar administrativamente el AHPN o para elegir a las personas adecuadas para dirigir este proceso y menos aún si cuenta para ello con el consenso del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, que ha acompañado al AHPN en la gestión de la ayuda internacional desde 2008 hasta ahora. Lo que sí esperamos, y en su caso demandaremos, es que los documentos de la Policía Nacional continúen al servicio de la justicia, la verdad y la memoria.
Sería una lástima, no obstante, que no se pudieran sumar el ex coordinador y su equipo a esta tarea, tratándose de un personal que tan exitosamente ha trabajado en el proyecto, acumulando una amplia formación y una experiencia práctica difíciles de reemplazar. Asimismo, deberá ser, a nuestro entender, la dirección del Archivo General de Centroamérica la que establezca las pautas archivísticas para el adecuado tratamiento y difusión de los documentos de la extinta Policía Nacional, como documentos de la administración pública que son. Y deberá ser el AGCA, como responsable de la custodia y disponibilidad de los documentos el organismo encargado de la preservación y el acceso a los fondos, tareas que deben recaer en funcionarios de esta institución.
4. INELUDIBLE RESPONSABILIDAD DEL ESTADO GUATEMALTECO
Consideramos que, en el seno del Archivo General de Centroamérica, el Estado guatemalteco deberá proveer, con urgencia, vía presupuesto nacional, los medios humanos y materiales necesarios para que esta integración sea plena y definitiva.
5. MEDIDAS TRANSICIONALES DE POLÍTICA ARCHIVÍSTICA
Con la ayuda del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo así como de los cooperantes internacionales que han financiado las actividades de recuperación de los documentos de la Policía Nacional, debe formularse un proceso de transición, con un cronograma claro, que marque el conjunto de tareas iniciadas, y de necesaria finalización, hasta la liquidación de estas, y que a partir de ahí sea el Estado guatemalteco, a través de sus instituciones, quien se haga cargo de todos los gastos que conlleve la conservación, gestión, tratamiento, difusión y disponibilidad de estos documentos para que sean plenamente accesibles, a la sociedad guatemalteca en general y a las víctimas de las violaciones de derechos humanos en particular.
La ayuda internacional debe dejar de ser un condicionante para la conservación y uso de los documentos de la Policía Nacional. El Archivo General de Centroamérica, como otras instituciones públicas imprescindibles en el país, debe ser sostenible en el tiempo, con cargo a los Presupuestos Generales del Estado de Guatemala.
Durante el período de transición se debería crear una comisión técnica, u organismo asesor, compuesto por expertos en archivos y expertos en derechos humanos, que opine sobre los proyectos a emprender y los calendarios y costes necesarios para su desarrollo; y que ejerza el seguimiento y control de la ejecución de las tareas programadas, para garantizar su correcta gestión.
En este día en que se conmemoran 45 años del Golpe de Estado, en que la Junta Militar, dirigida por Augusto Pinochet, impuso por la vía de las armas un gobierno que persiguió a opositores, desmanteló el movimiento popular e impuso un sistema económico, que hasta hoy tiene enormes consecuencias sociales, como ha quedado en evidencia con las paupérrimas pensiones que reciben los jubilados en nuestro país. Queremos invitarte a rememorar, acudiendo para ello a los archivos.
Te sugerimos que visites el imprescindible proyecto: “Expedientes de la represión”, en el cuál podrás encontrar documentos de las sentencias judiciales dictadas: “en los procesos penales ya concluidos por las violaciones sistemáticas de derechos humanos cometidas durante la dictadura que se impuso en Chile con el golpe de Estado de 1973”.
En España los familiares de víctimas de la violencia franquista también exigen justicia. Te dejamos este artículo que reflexiona sobre el carácter de las comisiones de la verdad frente a la violencia política estatal:
Un enorme incendio consumió gran parte del Museo Nacional de Río de Janeiro. Esta institución conserva más de 20 millones de objetos de valor histórico y patrimonial. Los funcionarios intentaron salvar algunas piezas, ante éste feroz incendio.
